tribunal

Hace unos días os contábamos cómo un tribunal
español obligaba a YouTube a ir eliminando una serie de vídeos que la cadena de TV TeleCinco consideraba habían
sido publicados "ilícitamente y sin autorización" dentro del servicio.

Esa demanda, hasta la fecha (aunque no se descartan denuncias posteriores), no incluía exigencia de una compensación
económica por los supuestos daños generados, pero en Italia se acaba de conocer una demanda que sí que lo incluye.
Y es que, según se informa en
esta nota de prensa,

En noviembre de 2006 nos hacíamos eco de la noticia de que la Policía italiana había entrado en la sede de Google para investigar un vídeo colgado por varios jóvenes dentro de 'Google Video', y en el cual se mostraban imágenes de agresiones a un alumno por parte de sus compañeros de colegio en Turín.

Sentencia condenatoria en primera instancia contra Julio Alonso en su juicio por la demanda de SGAE, tal y como explica él en Merodeando, donde se puede encontrar la sentencia completa.

Faryshta nos cuenta: «Hace dos años un tribunal de Bélgica condenó a Google a retirar de Google News todo artículo y fotografías de los periódicos francófonos. Ahora le reclaman una indemnización de 49 millones de euros a Google por "daños y perjuicios". La cantidad no es lo que mas preocupa a Google, que defiende que mostrar unas líneas de texto y enlaces no es violar derechos de autor, sino el que esto siente un precedente y otros grupos periodísticos lo tomen como ejemplo.»

Un pobrecito hablador nos cuenta: «Informa Caracol Radio que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó un fallo que absolvió a un hombre que había sido condenado a 24 meses de cárcel, "por haber supuestamente violado los derechos de autor, pues se dedicaba a convertir a formato digital, la música que llevaban 'obsoletos discos de acetato' o en casetes".

La noticia es del año pasado, pero esta es la primera vez que la leo: El pasado junio unn tribunal de primera instancia de París reconoció la validez de la GPL en Francia (traducción automática de la noticia original en francés, quien la prefiera puede leer la traducción al inglés). La disputa giraba en torno a un programa que incluía una biblioteca GPL, y afirma que para poder distribuir ese software bajo licencia propietaria "habrán de solicitar una licencia especial de la Universidad de Stanford o remplazar el programa JATLite".

Scarbrow nos cuenta: «10 años después del cierre de "La Página del Jamón y el Vino" en 1997 (que los internautas españoles veteranos sin duda recordarán) se ha confirmado la sentencia de cárcel por delitos contra la propiedad intelectual a la empresa Vesatec, que alojaba en sus servidores dicha página. Ésta incluía cracks de numerosos programas comerciales estaban alojados en servidores extranjeros (lo que no impide a los jueces españoles tratar el caso, según el tribunal).

Mas conocidos como modchips, son legales según un tribunal de Valencia. Según este tribunal no constituye un delito la comercialización e instalación de estos chips que te permite usar juegos grabados en DVD descargados de Internet.

La historia comienza cuando en Febrero del año pasado se presentaron en una franquicia de ChipSpain de Valencia dos [...]

desira nos cuenta: «La Asociación de Internautas ha acudido al Defensor del Pueblo para que recurra la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) por vulneración del artículo 20 de la Constitución. En su solicitud de declaración de inconstitucionalidad, la AI solicita que sean llevados ante el Tribunal Constitucional aquellos artículos de la ley que dejan abierta la posibilidad de censurar contenidos en Internet, en el ámbito del comercio electrónico, sin la preceptiva intervención judicial.»

Un pobrecito hablador nos cuenta: «Nada más salir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre que las operadoras no tienen obligación de identificar a los usuarios de P2P ante las entidades de gestión, ya hay respuesta por parte de estas. Promusicae (asociación de productores y editores de música de España) entiende que la sentencia deja la decisión de obligar a las operadoras de identificar a usuarios de P2P en manos de los respectivos gobiernos nacionales y pretende que sea el gobierno español el que por ley obligue a las operadoras a identificar a los usuarios.